Vivimos un momento global marcado por la inseguridad y la transformación. En este contexto, los retos geopolíticos, la incertidumbre económica y las crecientes desigualdades sociales terminan por definir el tablero en el que los Estados y los ciudadanos actúan y se relacionan. Pero este contexto no solo afecta a los gobiernos y a las personas, en él también tienen un papel fundamental las organizaciones privadas, que deben desempeñar un papel clave como actores económicos y sociales con capacidad real de influir mediante procesos justos, reglas claras y modelos de negocio orientados al valor compartido.

Tomando como referencia el contexto descrito. Durante los últimos años, hemos presenciado un aumento significativo de la regulación que afecta a las empresas, particularmente en Europa, donde la legislación se ha intensificado en ámbitos como la financiación empresarial, la seguridad de la información, el uso responsable de las nuevas tecnologías (destacando la normativa sobre inteligencia artificial) y concretamente en sostenibilidad. Al ser esta última una materia de las más debatidas y demandadas por la sociedad actual. Este incremento de la presión regulatoria busca, en última instancia, alinear la actividad de las empresas con los valores de transparencia, integridad y responsabilidad que la sociedad demanda, y que son inherentes a la construcción de un modelo social y económico más justo.

Sin embargo, en la práctica, esta presión regulatoria ha terminado por generar en muchas organizaciones una sensación de saturación e incluso de bloqueo. La falta de recursos económicos y humanos, unida a la complejidad y novedad de muchas normativas, dificulta que las empresas puedan responder con agilidad y eficacia a sus exigencias. Lo que en origen buscaba orientar y apoyar a las organizaciones se ha transformado, en algunos casos, en un entramado que las sobrecarga y limita su capacidad de actuar con claridad y propósito.

Conscientes de esta realidad, hemos observado, en los últimos meses, por parte del legislador europeo un esfuerzo por simplificar y armonizar el marco normativo, con iniciativas como Ómnibus. Este giro responde, por un lado, al reconocimiento de la carga que supone para las empresas cumplir con tantas exigencias, y por otro, a un contexto geopolítico y económico incierto que demanda reglas más claras, coherentes y aplicables.

Esta coyuntura marca un punto de inflexión. Las organizaciones pueden optar por esperar pasivamente a que la regulación se continúe simplificando o por el contrario, pueden transformarse desde dentro, siendo más conscientes de su impacto y respondiendo de manera proactiva a las expectativas sociales. Cada vez más empresas eligen este segundo camino, entendiendo que actuar con integridad y propósito es la única forma de generar confianza y valor sostenible a largo plazo. En este contexto, la gobernanza se convierte en el eje estratégico del liderazgo ético y empresarial, guiando la integración de la ética en la estrategia, la visión y la cultura organizacional, y promoviendo un liderazgo más transparente, participativo y comprometido con el entorno.

La buena gobernanza va más allá del cumplimiento normativo, es una forma de liderar y un marco que alinea el propósito, los valores y las decisiones de una organización. Cuando parte de la alta dirección y se refleja en todos los niveles de la organización, se consolida como una brújula que orienta las decisiones, fortalece la coherencia y permite a la empresa responder con integridad incluso en contextos inciertos. Gobernar bien significa liderar con propósito, escuchar activamente, rendir cuentas y decidir con visión de largo plazo. En Infinity Trust creemos que la buena gobernanza no es un fin, sino un camino hacia organizaciones más justas, transparentes y sostenibles, capaces de generar confianza y construir un futuro con impacto positivo.